La gestión de la pandemia adoleció de muchos errores: decisiones contradictorias, descoordinación, falta de protocolos, fallos de comunicación o un confinamiento tardío en comunidades como Madrid. Pero también abundaron los aciertos, del mando único a una modélica campaña de vacunación o los ERTE.
A raíz de este informe, la ministra de Sanidad, Mónica García, se ha comprometido con las comunidades a que una de sus prioridades será la creación en 2024 de la Agencia de Salud Pública, que se quedó pendiente de tramitación parlamentaria con la convocatoria de las elecciones generales.
Así lo concluye el informe Evaluación del desempeño del Sistema Nacional de Salud Español frente a la pandemia de covid-19, que se encargó hace ya más de dos años a un comité independiente formado por cuatro expertos -Rosa Urbanos; Fernando Rodríguez Artalejo; Carmen Pérez Romero y Xurxo Hervada- y al que ha tenido acceso EFE.
El análisis, que García ha presentado este jueves al Consejo Interterritorial, se circunscribe a las cinco primeras olas, de enero de 2020 a octubre de 2021, en las que se contabilizaron casi 5 millones de casos, 431.891 hospitalizaciones, 41.138 ingresos en UCI y 87.080 fallecidos.
La OMS clasifica una nueva variante de interés del Covid-19, denominada JN.1
La OMS clasifica una nueva variante de interés del Covid-19, denominada JN.1
Suben las hospitalizaciones por gripe y Covid en las dos últimas semanas
Suben las hospitalizaciones por gripe y Covid en las dos últimas semanas
La ministra de Sanidad ha recalcado que el informe «nos conmina a acelerar algunas acciones en el refuerzo de la salud pública, la investigación y la atención primaria para estar mejor preparados» y ha recalcado que «las comunidades y el ministerio han hecho muchos esfuerzos para que las vías de comunicación, colaboración y cohesión se mantengan abiertas».
En ese sentido, «la Agencia es nuestra primera prioridad para la vuelta de las navidades, para que siga su curso y que sea efectiva en 2024«.
«Muchas de las cosas que aprendimos durante la pandemia creo ya se están desarrollando» de forma compartida según las competencias, por ejemplo para reforzar aspectos que estaban debilitados como el ámbito de la salud pública.
La consejera de La Rioja, María Martín Díez, ha señalado a la salida de la reunión que les gustaría participar en la puesta en marcha del modelo de la agencia para «poder diseñar una agencia moderna, del siglo XXI, y que trate la salud como un todo«, mientras que el consejero de Aragón, José Luis Bancalero, ha ofrecido a su comunidad como posible sede de la agencia.
«La pandemia fue una amarga oportunidad para que aprendiéramos que juntos llegamos más lejos», ha señalado García haciéndose eco de las palabras de un director general, y ha alabado que, en ese sentido, «fruto de eso es la propia dinámica del Interterritorial, es una herramienta mucho más fortalecida y cohesionada no solo a la hora de abordar las urgencias y emergencias que derivaron de la pandemia, sino a la hora de plantearnos el sistema de salud«.
Respecto al informe, la consejera de Sanidad de Madrid, Fátima Matute, ha observado que ella personalmente no considera que hubiera mala coordinación entre la asistencia y salud pública, y ha pedido que el sistema se prepare no solo para riesgos víricos sino también químicos o bacterianos.
El consejero de Galicia, Julio García Comesaña, ha señalado que era «un informe necesario, que recoge muchas de las cosas que se han hecho bien, otras que no y otras que tendríamos la oportunidad de no repetir si viniera otra pandemia». A nivel personal, destaca la petición de los expertos de modificar la ley de pandemias y la necesidad de tener un comité de expertos.
FALTA DE PROTOCOLOS
En cuanto al contenido del informe, los expertos señalan que, aunque «estábamos avisados de la posibilidad de una nueva pandemia a corto plazo», en enero de 2020 «no estábamos suficientemente preparados»: faltaban reservas estratégicas del material, los sistemas de información eran débiles y apenas había recursos diagnósticos.
La Ley Orgánica de Medidas Especiales en Materia de Salud Pública de 1984 fue «insuficiente«. A ello se unió la disparidad de criterios de algunos tribunales de justicia sobre las restricciones adoptadas, que «dificultó la toma de decisiones».
Si algo evidenció la covid-19 fue la descoordinación entre el ámbito sanitario y el sociosanitario, lo que unido a la falta de protocolos en residencias «estuvieron en el origen de la tragedia vivida». «Probablemente por ello, y por el insuficiente entrenamiento del personal de estas instituciones, y la dificultad para cubrir las bajas laborales, el impacto de la primera ola» en estos centros «fue mucho mayor del que podría haber sido», zanja el informe.
ROTAR AL PORTAVOZ SANITARIO
A veces se produjeron contradicciones entre administraciones y se apreciaron fallos de coordinación en acciones como compartir recursos médicos entre territorios, incluyendo las UCI.
El Consejo Interterritorial «no fue suficientemente eficaz» para adoptar decisiones homogéneas «cuando hubiera sido conveniente que lo fueran». El famoso semáforo -que establecía una serie de medidas según el nivel de riesgo- debería haber sido vinculante para ser útil.
Hubo errores de comunicación «muy llamativos», como «realizar pronósticos innecesarios sobre la evolución de la pandemia y valoraciones apresuradas sobre las principales vías de transmisión de la infección y la efectividad de las mascarillas».
También «confusión de roles (quién informa las decisiones, quién las toma y quién las comunica), y «cierta sobreexposición del portavoz habitual» -Fernando Simón, al que no nombran-, que «mantuvo actividades públicas de comunicación en el propio domicilio» cuando se contagió de covid. Los participantes en el informe han dado una visión que «dista de ser unánime» sobre la comunicación del Gobierno y el papel de Simón.
«Comunicar bien con la ciudadanía en tiempo de pandemia es extraordinariamente difícil», por eso habría sido conveniente «contar con un grupo no excesivamente reducido de comunicadores que puedan rotar» para paliar la pérdida de confianza por los errores de comunicación, que «son difíciles de evitar».
Al respecto, no obstante, la ministra ha señalado que tiene «palabras de agradecimiento para Fernando Simón y el Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES)«, que desarrollaron una «labor excepcional» en un contexto de inédita dificultad.
NAMIENTO DE LA ATENCIÓN EN «CASOS EXTREMOS»
En un escenario ideal de gestión, el comité aboga por la transparencia «informando a la población general de que en algunos casos puede no ser conveniente ni necesaria la admisión hospitalaria o en la UCI, dada la futilidad de algunas intervenciones clínicas» en pacientes con cierto nivel de gravedad».
Solo en casos extremos, «habrá que tener acordados protocolos de priorización y racionamiento de la atención (como ya los hubo) si el sistema no pudiera atender a todas las personas que lo necesiten».
De venir otra crisis, «desgraciadamente no se puede dar por hecho que se dispondrá de vacunas muy seguras y de altísima eficacia en solo un año» y «habrá que debatir si se debe priorizar también a los grupos socialmente menos favorecidos«.
Porque lo que hay que tener claro, apunta, es que «una nueva pandemia de virus respiratorios de alta gravedad no solo es posible sino probable, a corto o medio plazo«.
VALORAR EL CIERRE DE FRONTERAS
En ese escenario ideal sería conveniente «tener definidos» de antemano los criterios para decidir si tendría sentido cerrar las fronteras porque «es una medida controvertida, no recomendada por varios organismos internacionales, y de difícil aplicación, en especial en un país como España», pero que aun así es «interesante» valorar.
Igualmente, el confinamiento «resultó algo tardío en Madrid» y en las comunidades adyacentes, pero «llegó razonablemente a tiempo» a Galicia o Andalucía, lo que «probablemente contribuyó a un menor impacto».
En todo caso, las primeras decisiones se deben tomar por un comité de gestión de la crisis sanitaria que disponga de un comité científico-técnico asesor y cuya composición «debe hacerse pública desde el primer momento». Aunque en el caso español hubo una «limitada transparencia» sobre quiénes asesoraron al Gobierno en las primeras fases de la pandemia», dice el informe, hay que proteger a los asesores frente a la «presión social excesiva y el vapuleo mediático».
Con todo, debería revisarse «en profundidad» la legislación para establecer un marco normativo que dé seguridad jurídica a quienes toman las decisiones, ya sea «a través de una ley de pandemias o de reforma de las normas existentes». Y evitar «la discrepancia frontal en público de quienes lideran la lucha contra la pandemia»: «No se deben usar las medidas de salud pública como abono para la contienda política descarnada».
Hubiera sido ideal además disponer de aplicaciones suficientemente bien evaluadas de rastreo de contactos a través del móvil o tecnologías alternativas. Por ejemplo, la aplicación Radar COVID «apenas resultó eficaz», añade.
LO MEJOR: LOS PROFESIONALES SANITARIOS
Pero el informe señala que abundaron los aciertos, sobre todo la respuesta «autónoma» y «heroica» del conjunto de profesionales sanitarios y sociosanitarios y los de salud pública, así como la de las Fuerzas Armadas y los cuerpos de seguridad. Sin olvidar una «excelente» campaña de vacunación que «es un modelo entre los grandes países del mundo», subraya. O la creación de un mando único al comienzo de la pandemia -que ostentó Salvador Illa, al que tampoco citan-, y las reuniones continuas del Interterritorial.
Positivo fue además el plan de reescolarización de niños, con una reapertura más temprana de los centros educativos que en otros países del entorno. El documento también destaca los ERTE y otras medidas de protección social, la entrega de millones de profesionales de servicios esenciales, la comunicación permanente con la ciudadanía de las autoridades y de muchas sociedades científicas y profesionales independientes.
