Desde hoy ya es obligatorio usar mascarillas en los centros sanitarios en todas las comunidades autónomas. Al menos durante los próximos 15 días, después de los cuales, si una comunidad registra esas dos semanas seguidas de bajada de casos podrá establecer su recomendación. Así lo establece la orden emitida por el Ministerio de Sanidady que ayer las comunidades autónomas recibieron a última hora de la tarde.
Como ya había anunciado, el Gobierno del País Vasco ha decidido presentar un recurso contra la citada orden, pero no será la única autonomía. Baleares, que ha acatado la medida como el resto, se ha sumado a esa misma acción y ha encargado a sus servicios jurídicos la presentación de un recurso contencioso para pedir la suspensión de la medida impuesta por el ministerio.
Y puede que no sean las únicas comunidades, ya que expertos de los servicios jurídicos de las consejerías de Sanidad ven suficientes errores como para recurrir la orden.
En Extremadura, por ahora lo están estudiando y analizarán si la medida ha «incumplido la legalidad» establecida por el Consejo Interterritorial. La consejera de Salud, Sara García Espada ya adelantó que acataban la decisión «por imperativo legal, pero los servicios jurídicos estudian la posibilidad de recurrirla, porque -añadió- ni se ha escuchado a los técnicos, ni se ha seguido el procedimiento habitual en la toma de decisiones del Interterritorial. Se ha tratado como un imposición lo que no se ha conseguido por acuerdo en el consejo» del pasado lunes 8 de enero.
Y es que la orden enviada por Sanidad a las autonomías tan solo señala: «Dada la situación de urgente necesidad y habiendo informado al Pleno del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud de manera urgente de las medidas adoptadas en la sesión de 8 de enero de 2024, resuelvo», para, a continuación detallar las disposiciones. Unas acciones que, por otra parte y según reza la orden, se mantendrán «hasta que se apruebe por la ministra de Sanidad la finalización de su vigencia, previo acuerdo del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, con audiencia de todas las comunidades y ciudades con estatuto de autonomía».
Los tres errores jurídicos
Para empezar, la entrada en vigor de la obligación del uso de las mascarillas no fue el miércoles, cuando Sanidad anunció su decisión en rueda de prensa, sino este jueves, cuando las autonomías, que hasta ese momento no habían impuesto el uso del tapabocas, han publicado las resoluciones en sus boletines oficiales autonómicos haciendo efectivo el contenido que recoge la orden comunicada del Ministerio.
Y esto es así porque, como reiteran los jurídicos, las competencias en esta materia las tienen las comunidades autónomas. De modo que, «Sanidad en su orden comunicada, comunica (vale la reiteración) a la autonomía lo que tiene que hacer para que ésta le de la forma legal que vea y la publique en un medio oficial, porque cualquier orden debe ser objeto de una publicación para que surta efecto».
Pero es que, además, la necesidad de llevar a cabo unas «actuaciones coordinadas» en todo el territorio nacional pierde fuerza en la redacción de la orden de Sanidad que incluye excepciones a la medida de llevar mascarillas y deja en mano de las autonomías esa decisión en determinadas circunstancias -si acumulan dos semanas consecutivas en la disminución de la incidencia, según el informe SiVIRA.
El Ministerio de Sanidad tampoco ha transmitido ninguna seguridad jurídica en cómo adoptó la decisión. «Cambió de decisión en cinco días, pasó dejarlo en manos de las autonomías, a recomendar a imponer».
Otra de las lagunas es que la orden ha sido adoptada sin que se alcanzara un acuerdo en el Consejo Interterritorial, donde «las decisiones deben adoptarse por consenso, esto quiere decir que no puede haber ninguna comunidad que esté en contra. En la reunión de Sanidad con las comunidades autónomas del pasado lunes no existió ese consenso, es más, muchas de ellas manifestaron su oposición a la medida».
Pues, como apuntan los expertos, aunque el Consejo Interterritorial sea una conferencia sectorial tiene una regulación específica -Ley de Cohesión y Calidad- donde se recoge esa necesidad de consenso en la adopción de cualquier medida que vincule a las autonomías.
En este punto muchos de los consultados tienen un deja vú que les lleva a junio de 2021. Entonces, Carolina Darias impuso el cierre nocturno mediante una declaración de actuaciones coordinadas, Madrid llevó la media a los tribunales, pidió la suspensión cautelar de la orden de Sanidad y ganó. La Audiencia Nacional le dio la razón a Madrid que entre los argumentos que defendió fue sus competencias en este ámbito. Y, entonces, la situación era de pandemia.
Ruptura total del consenso entre CCAA y Sanidad
En el recurso que presentará el Gobierno vasco advierten de que «no ha habido acuerdo previo del Consejo Interterritorial» para tomar la decisión y tampoco se ha dado audiencia a las comunidades «directamente afectadas, en este caso, todas, independientemente de su situación epidemiológica, antes de tomar esta decisión».
Además, en opinión de Ejecutivo autonómico, el ministerio ha sentado un precedente «gravísimo en la relación política y administrativa que ha de mantener con las comunidades autónomas y sus departamentos de salud».
Una crítica que coincide con la expresada por el consejero gallego Julio García Comesaña, que ha acusado a la ministra de Sanidad, Mónica García, de romper «20 años» de «funcionamiento coordinado, de cohesión y de cooperación» entre el ministerio y las comunidades con su decisión «unilateral» y de «imposición».
Fátima Matute, consejera de Sanidad de la Comunidad de Madrid, también ha criticado «la incongruencia y el sinsentido» que supone tratar de implantar el uso de mascarilla en centros de salud y hospitales sin «rigor científico y sin que haya nada detrás». Cree que es una «nueva improvisación» de la ministra al igual que las autobajas médicas de tres días, asunto sobre el que la ministra ha dado cierta marcha atrás.
Desde la consejería madrileña, recuerdan que hay dos meses para presentar recurso contra la acción del Ministerio de Sanidad y, aunque «los servicios jurídicos estudiarán la orden», y no descartan recurrirla, por ahora no está encima de la mesa, ya que están «en reducir la curva de gripe y trabajar en la atención».
