Tras su aprobación en el pleno autonómico, las comunidades autónomas deberán crear sus propios registros, en los que se incluya únicamente «el personal que interviene directamente en la interrupción voluntaria del embarazo».

Tras su aprobación en el pleno autonómico, las comunidades autónomas deberán crear sus propios registros, en los que se incluya únicamente «el personal que interviene directamente en la interrupción voluntaria del embarazo».