"El enorme talento investigador perdido es un tiro en el pie como país"

Como presidente de la Asociación Nacional de Investigadores Hospitalarios (ANIH), Francisco J. del Castillo ha sido una de las voces profesionales más activas en la gestación de la nueva Ley de Ciencia, Tecnología e Innovación, la que entró en vigor el pasado 7 de septiembre. Del Castillo no oculta su satisfacción, y la de la asociación que preside, por el contenido de una norma que -asegura- ha sido fruto del «trabajo y del consenso de todos los grupos parlamentarios» y mejora «sustancialmen

El pasado septiembre el

BOE

publicaba la nueva Ley de Ciencia, largamente esperada por los investigadores en general, y por el sector sanitario en particular. Antes de entrar en detalles, ¿qué valoración general hace de la norma?

A bote pronto, extremadamente satisfactoria. Por primera vez se reconoce de manera oficial al Sistema Nacional de Salud (SNS) como la tercera

pata

del Sistema Español de Ciencia, Tecnología e Innovación (SICTI), que es algo que estaba implícito, pero que no se terminaba de reconocer como tal. En segundo lugar, esta norma brinda por fin al personal investigador y hospitalario un horizonte profesional definido, porque se desarrolla una carrera profesional, se articulan normas contractuales específicas y vías para que puedan ejercer su trabajo dentro del SNS. Además, la ley incorpora toda una serie de medidas que son importantes no solo para nosotros, los investigadores hospitalarios, sino para el conjunto del SICTI. Parte de ellas, llevábamos años pidiéndolas, y es verdad que la nueva ley no nos ha dado todo lo que hubiésemos querido, pero, viendo el proyecto de ley que se presentó en enero y el resultado final, el avance ha sido muy notable.

¿El mero hecho de que se reconozca como tal la figura del investigador hospitalario supone ya un paso significativo, no?

En puridad, el investigador hospitalario como tal ya estaba reconocido en la ley previa, la de 2011, e incluso en la anterior, que era la ley de investigación biomédica de 2007. Allí ya se da carta de naturaleza a esta figura y se introduce un artículo, el 85, que es, precisamente, el que se ha reformado en la norma de este año y que establece que el SNS empezará a introducir categorías estatutarias de investigador. El problema es que prácticamente ninguna comunidad ha desarrollado esa categoría, de forma que solo teníamos las plazas estatutarias que ya había previamente en Madrid y en la Comunidad Valenciana y las que creó, a raíz de la ley, pero solo durante 8 o 9 años el País Vasco.

¿Por qué confía, entonces, en que la nueva ley instaure definitivamente esa categoría estatutaria? ¿No se corre el riesgo de que las comunidades autónomas sigan ignorando el mandato de la ley?

La diferencia es que la ley de 2022 les dice expresamente a las comunidades autónomas que tienen que desarrollar la figura del investigador hospitalario, bien por la vía estatutaria o bien por la laboral, y establece, además, una serie de obligaciones para definir las carreras investigadoras, por uno u otro lado. Hasta ahora, solo se hablaba vagamente de «promover» la carrera del personal investigador, pero ahora se fijan pautas concretas para su desarrollo.

De hecho, la ley fija un plazo concreto de dos años para que esa categoría exista en todo el SNS. Ahora las comunidades no tienen excusa posible…

No, la figura estatutaria ya existe en el catálogo del SNS; lo que ahora tienen que hacer las comunidades es aplicarla y adaptarla a sus territorios. El plazo de dos años al que usted se refiere es el límite que fija la ley para que se desarrollen las carreras profesionales de los investigadores, pero en la vía laboral. Ahora mismo, las autonomías no tienen necesidad de esperar dos años para contratar a investigadores por la vía estatutaria, precisamente porque ya existe esa categoría, pero sí para hacerlo por la vía laboral. En esta vía, el caos existente hasta ahora ha sido enorme, y la ley viene a regularlo.

¿

Por qué ha sido un caos?

Porque se estaba contratando de cualquier manera, los salarios no se actualizaban, no había carrera profesional definida de ningún tipo… En fin, se daban situaciones que, si Inspección de Trabajo las detectaba, se llevaba las manos a la cabeza. Por ejemplo, personal de reciente incorporación y menos años de antigüedad, cobraba más que colegas con mucha más antigüedad; había 18 tipos de emolumentos distintos para personas que desempeñaban exactamente la misma función y con las mismas características… Ahí es precisamente donde la ley viene a poner orden, y no solo para los investigadores principales, sino también para el personal investigador y, en algunos casos, también para el personal de gestión de la investigación, que va mucho más allá de los propios investigadores.

Entonces, si una comunidad opta por contratar a su personal investigador por la vía laboral, ¿a qué requisitos le obliga la nueva ley?

A los habituales en este tipo de relación contractual. Si una comunidad adscribe a este personal a una fundación de investigación biomédica, por ejemplo, la norma exige la existencia de un convenio laboral, que se tiene que negociar con los representantes sindicales y los miembros de la patronal. Ese convenio tendría que estar en vigor antes de que pasen dos años de la promulgación de la ley.

Lo que no garantiza la ley, como no lo garantizaba la de 2011 ni la de 2007, es que exista un número mínimo de investigadores en los centros del SNS.

En efecto, pero el problema es que resulta muy difícil definir cuál es el número mínimo óptimo, porque hay muchas categorías de investigadores. Están los investigadores puros, como es mi caso, que dedicamos el cien por cien de nuestra actividad a la investigación, y luego están todos nuestros compañeros facultativos especialistas, y ahí hay una casuística muy amplia y variada. En este contexto, creo que es muy difícil especificar un número mínimo de investigadores en una ley estatal, entre otras cosas, porque, desde las comunidades, podría interpretarse como una invasión de competencias.

Si las tres vertientes del SNS son la asistencial, la docente y la investigadora, parece que hay quórum en que la

hermana pobre

es, precisamente, la última. ¿Hasta qué punto puede revertir esta situación la nueva ley?

Un sistema de salud que se pretende del primer mundo tiene que tener, sí o sí, una investigación potente y muy puntera.

Bueno, ese es el planteamiento teórico, pero las quejas de los investigadores hospitalarios parecen indicar otra cosa…

Sí, coincido con usted en que esa preocupación existe y en que nosotros somos los primeros en denunciarla. Vamos a ver, aquí parece que la investigación no genera beneficios. Pues mire, eso es un error: cualquier desarrollo en investigación sanitaria es, además, una fuente de ahorro. Sin ir más lejos, cualquier innovación que permita que un determinado número de pacientes críticos pasen a ser ambulatorios, por ejemplo, supone un ahorro bestial para el sistema. En este caso, la investigación no ha producido un beneficio directo ni un retorno inmediato, pero es evidente que me ha permitido ahorrar. Nosotros tenemos, además, un problema añadido, porque en esta especie de subasta que existe entre las comunidades para ver quién baja más los impuestos parece que nadie quiere invertir en investigación. Pero no hay secretos: si queremos un sistema sanitario que sea universal, inclusivo y equitativo, hay que invertir en él.

¿Vamos, que por mucha ley nacional que se apruebe, la investigación sigue al albur de la voluntad política y de los recursos económicos de las comunidades?

Hay muchos factores a tener en cuenta. Por ejemplo, Madrid es la comunidad que menos invierte en investigación biomédica y de las que menos invierte en gasto sanitario por habitante, pero tiene un sistema sanitario bastante decente. Al margen de muchos otros factores en los que no entro, parece claro que cuanto mayor sea el tamaño de una comunidad y mayores sus posibilidades de atraer financiación y/o talento, mayores serán sus posibilidades. La comunidad madrileña, la catalana, la valenciana o la andaluza, con más recursos y mayor masa crítica investigadora, que es otro factor vital, probablemente lo tengan más fácil que otras comunidades más pequeñas, como La Rioja o Extremadura. Quizás la cantidad que tengan que invertir estas comunidades pequeñas sea un poco más elevada al principio, porque no es lo mismo poner las cosas en marcha a gran escala que hacerlo a pequeña escala. Muchos investigadores, y muchos profesionales sanitarios en general, piensan que la división del sistema en 17 comunidades es una aberración, porque si se compartieran gastos, todo el mundo se beneficiaría, pero este es el modelo que tenemos y el que se ha decidido políticamente entre todos los españoles.

Con un SNS tan descentralizado y, en ocasiones, deslavazado, ¿hasta qué punto confía usted en que el desarrollo de una ley nacional de investigación sea rápido, efectivo y armónico?

El día en que se cerró el trámite de la ley en el Congreso de los Diputados y se remitió al Senado, yo estuve invitado en el Parlamento por uno de los grupos parlamentarios con el que habíamos tenido más relación para la presentación de enmiendas a la ley. Allí, coincidimos con el equipo ministerial en que el trabajo consistía ahora en lograr que las comunidades desarrollasen la norma. Desde entonces, ANIH está realizando una intensa labor en ese sentido y, de momento, estamos trabajando estrechamente con las que tienen mayor masa crítica y están más avanzadas en el desarrollo de la vía laboral, como Madrid, Andalucía, Galicia, Murcia y la Comunidad Valenciana.

Hay muchas comunidades que empiezan de cero, ¿verdad?

En lo que se refiere al desarrollo de la carrera investigadora en la vía laboral, sí. Madrid es, de hecho, la única comunidad que tiene un convenio como tal. Ahora hay que empezar a pensar en cuestiones tan vitales como cuántos investigadores necesito en plantilla, cómo los dimensiono, cómo voy a organizar esas plantillas… En definitiva, una verdadera política de recursos humanos que, hasta ahora, se había ejecutado de forma no planificada. Como sabe, cada año hay convocatorias del Instituto de Salud Carlos III y del Ministerio de Ciencia para investigadores de primer nivel, llamados a convertirse en el futuro en jefes de grupo, y durante años hemos padecido que varias autonomías no hubieran previsto la necesidad de proveer un plaza de investigador una vez que terminaba la duración estipulada de esas convocatorias, lo que ha obligado a muchos investigadores a recurrir a la vía judicial. En suma, los directores científicos de los institutos de investigación tienen ahora mismo una tarea importantísima entre manos para pensar hacia dónde se quiere ir.

Sobre el papel, ¿la ley abre entonces la posibilidad de que no se dilapide más talento, de que se consoliden plazas de investigadores con experiencia?

En teoría, la nueva Ley de Ciencia y los contratos científico-técnicos que contempla la reforma laboral posibilitan, en efecto, que personal altamente cualificado que llevas años formando en los equipos de investigación no se pierda por el camino, como nos venía pasando, porque no había forma de estabilizarlo una vez que acababa su formación: esa persona se iba al extranjero o a la universidad, de forma que el SNS se empobrecía. La enorme cantidad de investigadores españoles que ejercen hoy fuera de nuestro país en mejores condiciones, y que no quieren volver, es un auténtico desperdicio, es como pegarnos un tiro en el pie como país. Una cosa es favorecer un sistema postdoctoral en el extranjero, que me parece esencial para lograr científicos de buena calidad, y otra muy distinta que, una vez fuera, no puedas volver a tu país porque el panorama es desolador.

Dice usted que la ley brinda a las comunidades la posibilidad de contratar a sus investigadores por la vía laboral o por la estatutaria, pero ¿podría darse el caso de que optaran por un modelo mixto?

En efecto, la potestad de decidir es autonómica, pero, francamente, lo del modelo mixto no acabo de verlo, entre otras cosas, porque abre la posibilidad de que tengas a dos personas con las mismas funciones, categoría, experiencia y responsabilidades, pero con dos modelos contractuales distintos. No sé hasta qué punto es eso factible desde el punto de vista de la legislación laboral. ANIH cree, en cualquier caso, que la mejor solución es seguir la vía estatutaria, y así lo ha manifestado en reiteradas ocasiones.

¿Por qué le da más estabilidad laboral al investigador?

No solo por eso, sino por varias razones, y todas ellas muy relacionadas. Optar ahora por la vía laboral implica desarrollar todo un conjunto de normas que aún no están desarrolladas, con un sistema de contratación y unas condiciones salariales que vienen recogidas en la ley, y con categorías muy similares a las que actualmente existen en los organismos públicos de investigación (OPIs) y en la universidad; además, todo eso hay que hacerlo muy rápidamente y en colaboración con los representantes sindicales. Creo que ese es un camino muy complicado, y me parece que el más sencillo es incluir a los investigadores en las plantillas por la vía estatutaria. De hecho, me consta que, para ciertos tipos de personal, se está barajando la posibilidad de transferir al sistema estatutario a personal que hasta ahora era laboral, entre otras cosas, porque eso permitiría adscribir a ese personal al presupuesto del sistema sanitario de la región, que es mucho más amplio que el presupuesto que maneja el sistema autonómico de investigación correspondiente.

¿Por qué está España tan bien situada para hacer investigación biomédica?

Tenemos un Sistema Nacional de Salud que es altamente inclusivo, cosa que no pasa en otros en otros países de nuestro entorno. Me temo que, con el tiempo, esta ventaja se perderá, pero nosotros, de momento, intentamos seguir funcionando como si fuésemos un sistema único y no 17 sistemas diferentes, que es, cada vez más, lo que somos. Sin ir más lejos, el gasto que tiene uno que realizar en infraestructuras para investigación biomédica es más reducido que el que necesitas para otro tipo de investigaciones, porque muchas de esas infraestructuras ya las tienes creadas para la labor asistencial. No es lo mismo usar una resonancia magnética que ya tienes en un hospital que crear de cero un túnel de viento o un ciclotrón: el uso dual de los recursos permite hacer una inversión relativamente reducida. Y a todo eso añádale el gran elenco de profesionales que tenemos en España y su gran tradición en investigación biomédica, que no se remonta a Ramón y Cajal, porque antes ya estaban los maestros de Cajal.

También ayuda la tendencia natural a la investigación del profesional sanitario, el componente casi vocacional que tiene en buena parte del sector.

Sin duda. El interés por la investigación de buena parte de los compañeros que principalmente hacen labor asistencial es enorme. Por cierto, que otra de las cosas buenas de la ley -y se lo digo pensando, precisamente, en que ese interés no sea solo vocacional-, es que, por primera vez, se obliga a que se reconozcan los méritos investigadores a la hora de optar a una plaza en el SNS. Si tú, médico asistencial, dedicas tiempo y esfuerzo a investigar, eso se te reporta puntos en tus oposiciones para consolidar una plaza.

Con todos esos mimbres y lo bien que me está

vendiendo

la ley, la pregunta casi obligada es ¿hasta qué punto la ausencia de una norma como esta ha lastrado el progreso de la investigación en España y sus recursos humanos?

Pues enormemente. Sin ir más lejos, ANIH lleva 8 años batallando en varias comunidades, y principalmente en Madrid, para poner coto a los abusos laborales que se venían dando en las fundaciones, y no por un problema de incuria de las fundaciones, como le decía antes, sino porque estaban atrapadas en un sistema legal que era una suerte de tormenta perfecta: no podían hacer lo que tenían que hacer, pero tampoco podían no hacer lo que hacían. Ni para un lado ni para otro. El resultado de todo eso ha sido una importantísima salida de investigadores, tanto al exilio interior, de forma que se han ido del SNS para buscar

pastos más verdes

en la industria, la universidad o el CSIC, como a otros países.

El famoso artículo 85 de la nueva ley, que se ha conseguido modificar y desarrollar con el beneplácito de la asociación que usted preside, especifica que entre el 50 y el 100% de la jornada del personal investigador se podrá dedicar específicamente a investigación. Los investigadores puros, como usted, vale, pero ¿hasta qué punto es factible que una comunidad permita que su personal asistencial dedique un porcentaje tan alto de su jornada laboral a la investigación?

Bueno, en el caso de los investigadores puros, ese 50% es el mínimo que deberíamos dedicar a investigar, porque el resto del tiempo se puede dedicar, por ejemplo, a labores docentes o incluso a tareas que, sin ser propiamente asistenciales, ayuden a la función asistencial. En el caso del profesional asistencial, existe, en efecto, el problema que usted señala, pero también hay otras vías. Sin ir más lejos, actualmente ya existe la figura de los

intensificadores

, que son personal asistencial que, debido a la calidad o la importancia de la investigación que realizan, pueden dedicar parte de su jornada laboral, normalmente el 50%, solo a investigar. Todo dependerá, claro, de la presión asistencial que haya en cada unidad o en cada momento concreto, pero también de lo inteligentes que sean los responsables del sistema autonómico de salud. La tentación de usar para labores asistenciales a personal que podría estar investigando es, en efecto, muy fuerte, pero quizás no sea una medida de gestión inteligente a medio plazo.

Tal y como está redactado ese artículo, ¿la trampa está servida?

Sí, puede ser, pero ha habido que redactarlo así, porque, si no, me temo que no hubiéramos llegado a un consenso para plasmarlo en la ley. Ahora, yo prevendría a los responsables sanitarios autonómicos sobre la tentación de caer en esa trampa. Evidentemente, hay emergencias sanitarias que obligan a recurrir a todo el personal posible (y tenemos aún encima el ejemplo de la covid), pero esa no puede ser la práctica habitual. Nuestros colegas, los investigadores clínicos, agradecerían mucho que el sistema les permitiera desempeñar su labor principal, que es, precisamente, la investigación. Aquí, parece que el investigador está

jugueteando

; pues no, está estudiando e intentando solucionar problemas graves del sistema, de los que nadie, a lo mejor, se había percatado hasta la fecha. Hemos tenido la covid, la viruela del mono, los síndromes autoinmunes agudos que afectaban a los niños y, con el cambio climático y este cóctel de problemas, no sabemos lo que nos vamos a encontrar mañana. En este contexto, tener una reserva de personal que dedica su tiempo de trabajo a lo que tiene que dedicarse, es esencial.

Una de las mejoras clave de la nueva ley es el contrato de actividades científico-técnicas, que tiene carácter indefinido y está exento de las tasas de reposición. ¿Esta sí es una herramienta clara y concreta para el desarrollo de la carrera investigadora que llevan demandando desde hace años, no?

En realidad, ese contrato ya aparece recogido en el decreto previo de reforma laboral, pero sí, en efecto, es una medida clave. Su objetivo es dar respuesta a las necesidades de todo ese personal intermedio de investigación, que es esencial, y que hasta ahora no tenía ninguna posibilidad de desarrollo profesional. Los investigadores principales, mal que bien, teníamos varias alternativas, pero aquí hablamos de gente que ha presentado su tesis doctoral, ha terminado un

postdoc

, está altamente cualificada, trabaja en el desarrollo de los proyectos y, hasta ahora, no tenían un horizonte claro de futuro. Hablamos, en definitiva, de gente que podía llegar perfectamente a la cuarentena encadenando contratos temporales de diferentes proyectos, una situación que, por cierto, violaba ya la anterior normativa laboral. Les estábamos maltratando claramente.

Ya tenemos la herramienta legal para estabilizarles, pero ahora hace falta que esa herramienta se utilice…

En efecto, y eso implica un cambio de mentalidad en la política de personal investigador. La actual política de recursos humanos es, si me lo permite, muy

investigadorprincipalocéntrica

. ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando el investigador principal se jubila? ¿Dónde ubicamos a los miembros de un grupo altamente cualificado, con mucha experiencia y una especialización brutal en determinado campo? Este nuevo contrato indefinido permite, entre otras cosas, que se contrate a este personal con carácter estatutario y pase a formar parte del elenco del sistema, al margen de una línea concreta de investigación. Eso implica, como le digo, un cambio en el

chip

de la política de recursos humanos.

Más allá de los proyectos de investigación financiados con dinero de la Unión Europea, qué porcentaje de la investigación biomédica española se desarrolla con fondos propios de los institutos y fundaciones?

Esos son los llamados proyectos intramurales, que, en mayor o menor medida, tienen ya todas las instituciones y fundaciones de investigación, y su cuantía depende directamente de cómo vaya anualmente cada centro. Ahora bien, la parte del león de la investigación que se hace en las fundaciones y en casi todos los centros viene de proyectos nacionales, no de los intramurales. En general, estos últimos funcionan como una suerte de

startup pack

, para que investigadores que se llaman emergentes empiecen a desarrollar proyectos que les sitúen en una posición más competitiva, para solicitar luego la financiación, nacional o regional, que les permita investigar ya de forma permanente. Hacen, pues, una labor muy importante, pero el problema es que las fundaciones y centros pequeños están mucho más limitados a la hora de generar proyectos con su propia financiación, de ahí que la concentración sería una buena solución.

Otra de las novedades de la ley es que, por primera vez, se fija un porcentaje concreto del PIB para investigación, concretamente del 1,25% para 2030. ¿No queda eso muy lejos de los países de nuestro entorno, sobre todo a 7 años vista?

Aquí hay varios factores a tener en cuenta. El primero consiste en no hacernos trampas al solitario, porque otros años se incluían en ese porcentaje aspectos como, por ejemplo, la investigación militar, que no es investigación propiamente; en segundo lugar, nosotros estamos ahora muy por debajo del 1,25% y, si logramos llegar a ese porcentaje, es un primer paso. Pero lo más importante es cambiar el

chip

de nuestros responsables políticos: la investigación no es un comodín para ahorrar, la investigación es un activo importantísimo y, a lo mejor, hay que detraer dinero de otras partidas para dedicarlo a investigación. España tiene un sector servicios turístico muy amplio, pero con empleos de baja cualificación, de forma que el retorno económico que produce es bajo en relación a la cantidad de gente que emplea. Lo que sí tenemos es personal investigador de alta cualificación y, además, costes laborales más bajos que países como Holanda o Alemania, que dedican mucho dinero a la investigación, y eso es una ventaja comparativa. Cuando se hace una inversión potente en esos campos, el retorno económico para el país es salvaje, y el ejemplo más conocido lo tenemos en Corea del Sur, que en los años 80 realizó una reorientación de su economía, con una fortísima inversión en un sector servicios de investigación altamente cualificado, y ahora es una de las primeras economías del mundo. España tiene el talento necesario y solo es cuestión de apoyarlo.

¿Hasta qué punto la nueva ley puede ser un aliciente para favorecer el retorno de investigadores españoles que hoy ejercen en el extranjero?

Es verdad que la nueva ley es mucho mejor que lo que teníamos hasta ahora, que, en lo relativo al SNS, era prácticamente nada. Ahora bien, hay investigadores que nunca recuperaremos, porque llevan años en otros países, su carrera está consolidada y han hecho su vida allí. Para el resto, para los que quieran volver, la ley les ofrece un marco para favorecer el retorno. Pero, ojo, la ley es solo eso, el marco. Ahora hay que desarrollarla con cabeza y arbitrar condiciones laboralmente atractivas, de forma que quienes quieran volver a trabajar aquí puedan hacerlo sin perder muchas de las condiciones que tienen en otros países.