El 59,3% de los jóvenes españoles de entre 15 y 29 años reconoce padecer problemas de salud mental según datos del ‘IV Barómetro Juvenil 2023. Salud y bienestar’ realizado por la Fundación Mutua Madrileña y Fad Juventud. Las entidades dieron a conocer los datos con motivo del Día Mundial de la Salud Mental, que se celebra este martes.
Según los autores del estudio, la carencia material es una de las variables más determinantes al declarar un peor estado de salud mental. El 27,1% de los que afirman sufrir una privación material severa declara sufrir trastornos con mucha frecuencia o continuamente, porcentaje que baja hasta el 13,1% entre quienes no padecen carencias.
Del total de jóvenes que declararon haber sufrido problemas psicológicos, psiquiátricos o de salud mental en los últimos doce meses, el 62,5% pidieron ayuda profesional, frente al 51% de 2021. El motivo principal por el que las personas jóvenes dicen no acudir a la ayuda profesional para paliar sus problemas de salud mental es la cuestión económica (37,8%).
El 31,7% de los encuestados mantiene haber tomado psicofármacos. De ellos, más de la mitad lo hizo sin prescripción (17,8% frente al 13,9% que lo hizo con prescripción).
Por otro lado, un 23,8% experimentó alguna vez ideas suicidas, un 11,3% piensa en el suicidio con cierta frecuencia y el 13,8% lo hace con mucha frecuencia o continuamente. Los jóvenes con carencias materiales leves y severas tuvieron ideaciones suicidas con proporciones del 29,8% y el 34,8%, respectivamente.
«Una prioridad política» para UNICEF
La especialista en políticas de la infancia de UNICEF España, María Lafuente, ha recordado que la salud mental de la infancia debe ser «una prioridad política» ya que uno de cada siete adolescentes de 10 a 19 años en todo el mundo tiene un problema de salud mental diagnosticado.
Nuestra salud mental, nuestros derechos
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Desde UNICEF han resaltado que, en España en los últimos años, se han producido algunos avances como la adopción de la Estrategia del Sistema Nacional de Salud y el Plan de Acción Nacional de Salud Mental 2022-2024 o la creación de un Comité de Prevención de Suicidios y de un Grupo de Trabajo de Salud Mental de la Infancia y Adolescencia. Pero que, sin embargo, este grupo «no se ha reunido desde su constitución y el sistema sigue sin garantizar a niños, niñas y adolescentes la atención y acompañamiento que necesitan».
Ante esta situación, María Lafuente ha insistido en que se deben reforzar cinco ámbitos prioritarios para que las políticas públicas aborden esta problemática entre los que destacan: la inversión, para reforzar la Atención Primaria, diseñar estrategias específicas para la atención de 0 a 18 años y para los colectivos en situación de exclusión o promover un enfoque más allá de lo sanitario; y el refuerzo del papel protector de los centros educativos, mediante la inclusión educativa, implementación adecuada de la figura del Coordinador de Bienestar y Protección, formación al profesorado o mejora de las competencias digitales.
También se debe promover el apoyo a las familias, con programas de parentalidad positiva y apoyo para que padres y cuidadores puedan cuidar la salud mental de sus hijos; acabar con el estigma y la discriminación, a través de campañas de salud pública o mejorando la calidad de los contenidos infantiles y adolescentes; y tener de datos de calidad, desagregados y actualizados, para poder identificar las necesidades concretas de la infancia y poder reclamar los recursos adecuados.
«La actual presidencia española del Consejo de la Unión Europea supone también una oportunidad para que la futura Estrategia de Salud Mental Europea incluya un enfoque de derechos de infancia, algo para lo que UNICEF España ha estado trabajando con el Ministerio de Sanidad y la Representación Permanente en Bruselas», han señalado desde UNICEF.