Es poco habitual que un abogado acceda a una entrevista tras perder un juicio. Es más común que lo haga cuando gana. Ignacio Martínez (Murcia, 1968) representa a la Asociación de Afectados por la Talidomida (Avite) y hace unos días recibió otro portazo de la justicia.
En puridad no ha perdido el juicio, porque el Tribunal Supremo ha rechazado estudiar el recurso que presentó contra el Gobierno y sobre el que ya se había pronunciado la Audiencia Nacional. Es decir, ha sido una inadmisión a trámite. Una raya más al tigre, como dice el refrán. Y el felino de los afectados por la talidomida en España lleva muchas rayas ya. ¿Cuántas?
Si se ha perdido, no es de extrañar. Martínez asume que «la gente, la opinión pública, se ha quedado con la imagen que se vio en el Telediario con los talidomídicos dando botes de felicidad frente al Congreso, cuando se aprobó la Ley de Presupuestos Generales del Estado de 2018«. Y ahora «no entienden nada».
La Ley 6/2018 reservó una partida de 20 millones de euros para ayudar a los afectados por la talidomida, repartidos por puntos de discapacidad reconocida. Cada punto se acordó que se indemnizara con 12.000 euros. Un equipo de expertos del Instituto de Salud Carlos III (ISCIII) fue el encargado de valorar a los afectados y determinar los puntos de discapacidad y, por tanto, la indemnización que les correspondía.
El ISCIII evaluó a 127 afectados y solo con ese número ya se vio que los 20 millones de euros se iban a quedar muy cortos. Había que elevar la cifra a 120 millones para pagar las ayudas a ese centenar de víctimas reconocidas.
Pero desde entonces el Gobierno no ha cumplido la ley: ni con 20 millones ni con 120 millones. Los afectados por la talidomida no han visto un euro derivado de lo que recogen las leyes de presupuestos desde 2018. Porque hasta la última de estas normas, la de diciembre de 2022, reconoce la partida para estos afectados con la cifra de 20 millones.
- Ahora que el Tribunal Supremo ha cerrado el camino judicial para pedir que se cumpla la ley de presupuestos, ¿cuál es el siguiente paso que va a dar Avite?
- Habrá que reanudar la vía política. Además, como es un año electoral, pensamos que unos partidos por no perder votos y otros por ganarlos, vamos a exigir al Gobierno que esté al mando que cumpla la ley. Hace cuatro años que una ley dijo que había que pagar con urgencia unas ayudas para que no se perdiera la finalidad de esas ayudas y en cuatro años y medio no han hecho nada. Si pasara más tiempo y no se cumpliera, pues habría que volver a ir a los tribunales a decir: oiga, usted me dijo que cuatro años y medio no valían [la Audiencia Nacional razonó en su sentencia que no había pasado suficiente tiempo para poder cumplir la ley]. Entonces, ¿son suficiente siete años? No podemos aceptar que no estemos en el imperio de la ley.
- ¿Cómo explica esa negativa del Gobierno?
- Los gobiernos actúan por intereses electorales y, en mi opinión, el posible efecto electoral de la talidomida está amortizado. Es decir, cuando salió la ley, en 2018, donde se reconocía la ayuda a los talidomídicos, los telediarios sacaron a los talidomídicos dando saltos de alegría frente al Congreso. La gente, la opinión pública, entendió que ya estaba solucionado el problema. Ahora no entienden nada. La gente se ha perdido. Entonces, los que ahora están en el Gobierno entienden que no cumplir la ley ya no les supone ningún coste electoral. Mientras que cumplirla les supone apartar un dinero que no tienen metido en los presupuestos, porque lo que han metido en la última ley de presupuestos generales, la de diciembre de 2022, vuelve a ser 20 millones.
- Así que en la ley de presupuestos de 2023 aparece de nuevo la partida de los 20 millones de ayuda a las víctimas de la talidomida.
- Sí, claro. Ese es el problema que hay que entender para darse cuenta del timo que es esto. Desde 2018 siempre han aparecido presupuestados 20 millones reservados para la ayuda a las víctimas de la talidomida y en la última ley de presupuestos también vuelve a aparecer la misma cantidad, 20 millones. Y no tiene sentido porque en las valoraciones que hizo el Instituto de Salud Carlos III [valoró los puntos de discapacidad de 127 afectados] al aplicar el protocolo que dictó el propio Gobierno habría que provisionar 120 millones de euros.
- Pero antes de llegar a la vía judicial usted y miembros de Avite se reunieron con representantes de los Ministerios de Sanidad y Hacienda. ¿Qué le dijeron de por qué no se estaban pagando las indemnizaciones?
- Sí, nos reunimos varias veces. Desde el Ministerio de Hacienda llegamos a escuchar que lo mejor que podíamos hacer era demandarlos, demandar al Gobierno por incumplir la ley, porque así, con una sentencia que le obligara al pago, tendrían que pagar.
- Usted, ¿cómo encaja estos reveses judiciales cuando otros países hace años que han compensado a los afectados por la talidomida?
- Bueno, para mí, lo más grave es que cuando salió la Ley 6/2018, lo que se hizo fue socializar la pérdida. Es decir, el Gobierno decidió que no iban a tocar a la farmacéutica Grünenthal, así que pagaba el pobre ciudadano español con sus impuestos. Esto es algo que puede gustar más o menos, pero es así. Pero, lo peor de todo es el shock jurídico de tener que asimilar que, desde 2018, hay una ley que dice que a unos señores hay que pagarles una ayuda y que no se pague. El Gobierno no hace nada y la Audiencia Nacional y el Tribunal Supremo le ríen la gracia. Mientras la gente se va muriendo. Eso es lo que es alucinante. El imperio de la ley no existe para a ellos.
- Puede que al ser un número de personas pequeño…
- No, al revés, nuestro pecado consiste en que somos muy grandes para ellos, porque necesitan más dinero para las ayudas.
- Además de la talidomida usted lleva más casos relacionados con errores sanitarios.
- Claro. Yo no vivo de esto. Vivo de casos de afectados particulares de mala praxis médicas y de eso comen mis hijos. A mí estos macrocasos no me dan más que trabajo.
- Y disgustos…
- Bueno, pero también el gusto de acostarte con la conciencia tranquila y es que alguien tiene que hacer este trabajo. Como sociedad, no podemos permitirnos que estas cosas queden impunes.
- Aun así, usted es reincidente porque también lleva a afectados por el ácido valproico (Depakine), que se ha bautizado como la otra talidomida.
- Sí, hace siete años acudió un padre de un niño afectado por el valproato. Se dirigió a mí por ser el abogado de la talidomida. Es un caso que tiene muchas similitudes con la talidomida, pero también diferencias, porque es algo mucho más reciente y llevo a menos afectados, a unas 25 personas.
- ¿Tiene ya alguna respuesta judicial?
- De momento hay juzgados y con sentencias los casos de cinco niños, de los que en tres supuestos se ha estimado la demanda y rechazado en otros dos, que están en proceso de apelación. Así que estos casos llegarán al Tribunal Supremo y veremos cómo acaban.
- Otra similitud entre la talidomida y el ácido valproico es que usted se enfrenta a grandes farmacéuticas. ¿Cómo lo lleva?
- Sí, bueno, con la perspectiva de los años te das cuenta de que había cierta ingenuidad por mi parte o romanticismo al aceptar estos casos, porque por muchas películas que hayas visto, como El Jardinero Fiel, pues no te das cuenta dónde te has metido. Y no es que sea una lucha de David contra Goliat, es que el partido está comprado. Aparte de que se sufre hasta delitos. A mi me han robado dos veces el ordenador con toda la información del caso y me han pirateado la cuenta de correo desde Alemania. He denunciado todo a la Unidad de Delitos Tecnológicos de la Policía Nacional.
- ¿Tiene pruebas de quién puede haber sido?
- No, no hay pruebas. No puedo decir que hayan sido estos o los otros, porque no tengo pruebas. Pero sí certezas morales de cuestiones muy fuertes, pero como no se pueden probar, pues haces lo que puedes.
- Cambiamos de tercio, usted lleva 25 años dedicado a esta rama del Derecho Sanitario, debe encontrar algo que le satisfaga.
- Sí, llevo desde el año 1991 en la abogacía y desde hace 25 años solo me he dedicado a los temas médicos y, hombre, satisfacciones, muchísimas. Tengo cientos de casos que he ganado y hace 20 años era casi imposible ganar una mala praxis médica. Ahora es algo muy normal. Las personas que acuden a mí quieren que se reconozca que en su caso se hizo mal.
- Con tantos juicios por malas praxis médicas a sus espaldas, ¿qué le diría a los médicos a los que sienta en el banquillo?
- La mayoría de los médicos deberían tener más información sobre cómo se depura una mala praxis médica en España. La realidad es que la vía penal es prácticamente inexistente y, por lo tanto, el que paga, digamos, en un procedimiento no penal, que es civil o contencioso-administrativo, es la Administración o una aseguradora. No paga el médico. Así, lo que creo es que hay que tener una cierta vista puesta en la realidad. Hay que asumir que la actividad médica es una actividad de riesgo, como ocurre con el tráfico rodado, y no hacer una cuestión moral de esto, sino una cuestión de riesgo que tiene que estar asegurado. En Estados Unidos se reconoce que la mayor causa de muerte son las negligencias médicas, mayor que un infarto.
- ¿De dónde obtiene ese dato?
- Pues no recuerdo bien, pero sí tengo la cifra: son 300.000 muertes al año por negligencia médica. Así que el mensaje que les doy a los médicos es que cumplan la ley en cuanto a informar al paciente. Y eso no es darle al paciente un papel con el consentimiento informado casi en el último momento de la intervención, sino que, realmente, deben explicar a la gente qué es lo que tiene, qué es lo que saben que va a pasar, qué es lo que no saben, los pros y los contras. Creo que cumplir esto, de verdad, evitaría muchas demandas.
- A esta observación le pueden responder que no hay tiempo de atender al paciente como merece.
- Pero eso no puede ser. Si tienen tiempo de operar, ¿no pueden invertir cinco minutos para informar de los riesgos que asume el enfermo metiéndose en un quirófano?
- Esa información ¿solo lleva cinco minutos?
- Sí, en cinco minutos. Te voy a poner un ejemplo típico: una persona de avanzada edad que le duele la rodilla y le ponen en lista de espera quirúrgica para una prótesis. En algún momento del proceso el señor firma un papel de consentimiento informado donde aparecen los riesgos típicos: aflojamiento de la prótesis, roturas… Luego nos llega a nosotros, los abogados expertos en Derecho Sanitario, porque tiene esas roturas, inflamaciones, infecciones. Y son hombres de más de 80 años, en muchos casos. Entonces, piensas que si a ese señor le hubieran dicho que le atendían el dolor y le hubieran explicado bien el riesgo que asumía con la operación, pues creo que la mayoría de esos pacientes no se hubieran operado, porque el balance riesgo-beneficio le hubiera hecho ver que era mejor no entrar en quirófano. Y estas cuestiones las he hablado con muchos médicos.
Con estas operaciones se aumenta el gasto sanitario, las listas de espera y el daño. Así que mejorando la información al paciente, cumpliendo con lo que dice la ley sobre la información, pues disminuiría el daño. Lo segundo que les digo a los médicos es que no se empeñen en negar que el sol sale por el este, que hay aseguradoras que responden, que no pasa nada, que para eso están los seguros y que todo el mundo se equivoca.
Martínez estudió Derecho en la Facultad de Murcia. Comenzó a especializarse en Derecho Sanitario a partir del caso de un chico que perdió un testículo tras una operación de hernia inguinal. Contactó con la Asociación el Defensor del Paciente, que dirige Carmen Flores y centraliza las quejas de pacientes que se consideran víctimas de malas praxis, de donde recibe casos. Dentro del Derecho Sanitario, lleva muchos casos relacionados con daño por fármacos y nacimientos no deseados.
Trabaja en toda España y reconoce que «es una especialidad que da muchas satisfacciones pero también insatisfacciones, aunque como balance acabaré mi etapa profesional con la conciencia muy tranquila».
- Cree que las condenas o absoluciones en sentencias de praxis médica ¿dependen, en parte, del juez o los magistrados que juzguen el caso?
- Creo que sería muy importante que hubiera órganos judiciales especializados en la materia de praxis médicas, como los hay en otras materias. Y también sería fundamental que se regulase la no imposición de costas, sobre todo, en aquellos casos avalados por un informe pericial. Porque la mayoría de las veces no se puede pleitear porque las personas no disponen de recursos económicos para afrontar el riesgo de una condena al pago de las costas judiciales. La justicia gratuita es solo para el pobre de solemnidad. De modo que estamos obligando a familias a apechugar con la mala praxis o a arriesgarse a demandar, perder y ser condenado al pago de las costas que en algunos casos puede tratarse de cifras millonarias.
- Ya, pero, por otro lado, estamos asistiendo a unas condenas millonarias, no tanto por la indemnización concedida, sino porque se suma el pago de los intereses que figura en el artículo 20 de la ley de Contrato de Seguro. ¿No considera esto injusto para la otra parte: la Administración sanitaria y su compañía aseguradora?
- No, el artículo 20 de la Ley de Contrato de Seguro está muy bien puesto, porque lo que dice es muy sencillo. Si una industria tiene un beneficio medio del 15% en cualquier actividad industrial, el juez en su condena no puede poner un interés inferior a eso o no poner ninguno porque, de ese modo, está premiando de manera artificiosa que la aseguradora recurra el pleito y lo mantenga vivo cuanto más tiempo mejor. Si la sentencia fija el interés legal del dinero, a la aseguradora le conviene, aunque no tenga ninguna razón, tirarse 20 años en el pleito porque al dinero le da más rendimiento. Con el artículo 20 de la LCS, el legislador lo que dice es: oiga, piénselo bien porque económicamente le va a salir mal que usted discuta lo que no tiene que discutir.
